El fraude en las licitaciones públicas cuesta a las empresas 40.000 millones de euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha propuesto combatir con firmeza el fraude que perturba el mercado de las licitaciones públicas en España. Y lo va a hacer pidiendo la colaboración proactiva de las propias administraciones y de las empresas que concurren a los procesos de contratación pública. El propio ente estima en unos 40.000 millones de euros anuales el sobrecoste que para las empresas supone las irregularidades detectadas por los servicios de inspección. Por esta razón, el organismo que vela por la transparencia y el buen funcionamiento de los mercados ha “redoblado” los trabajos en la detección de indicios de “cualquier tipo de comportamiento anticompetitivo” de las empresas que participan en los concursos públicos. Desde hace meses, técnicos de la institución ofrecen charlas formativas en diferentes departamentos, con el fin de aleccionar a los gestores administrativos sobre cómo evitar y detectar a tiempo estas prácticas que atentan contra la competitividad de las empresas, en un marco de fuerte restricción del gasto y de la contratación pública por la crisis económica. 

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